Para quienes han tenido contacto con Delegados de algunas dependencias federales, queda claro que de estos personajes depende la operación de la mayoría de los programas federales y la asignación de cuantiosos recursos públicos. Lo anterior les otorga poder proporcional al monto de los recursos que dependen de sus decisiones y del impacto social y político de esos programas.
Los actuales Delegados federales normalmente no reportan directamente al Presidente de la República, sino que dependen del Secretario de la institución federal que corresponda, a través de un “Jefe de Delegados” de la misma dependencia.
Esto trae como consecuencia que la mayoría de las decisiones respecto de la aplicación de recursos públicos federales, quede en la práctica, entre el Secretario federal del ramo y el Delegado de la dependencia en la entidad federativa que corresponda. Por lo que si el Gobernador de un estado pretende apoyar ciertos proyectos, deberá acordarlos con el Secretario y/o con el Delegado de esa dependencia federal, quien tiene cierto margen de libertad para apoyar o no determinados proyectos, conforme a las Reglas de Operación de los Programas.
Cada Delegado federal además de su sueldo, cuenta con prestaciones, viáticos, vehículos, choferes, secretarias, oficina y una buena cantidad de empleados.
Si se pusiera en práctica lo anunciado recientemente por colaboradores cercanos a AMLO en el sentido de eliminar los Delegados de las dependencias federales quienes serían sustituidos por un “Super-Delegado” del cual dependerían todas delegaciones o representaciones federales en cada entidad federativa. A primera vista, con la nueva propuesta se simplifica la estructura del gobierno federal y se acorta la cadena para la toma de decisiones y se reducen los gastos en las oficinas federales. Todo lo anterior merece un aplauso, pero…
Imaginemos en la vida diaria el trabajo de 20 o 25 delegaciones federales en cierto estado del país, cuyas decisiones se centralicen en una persona que podría ser llamada “Coordinador de delegaciones federales en el estado de…”, “Super-delegado federal” o simplemente “Representante del Presidente”, con todas las implicaciones que tienen estos u otros títulos.
Una sola dependencia federal puede operar 20 programas distintos, que multiplicados por 20 o 25 delegaciones nos dan de 400 a 500 programas cuyas Reglas de Operación tendría que conocer el “Super-delegado”. No hay persona que alcance a conocer los detalles de cada programa, porque además deberá autorizar los apoyos a cada beneficiario. ¿Cuántas horas deberá trabajar diariamente?
Por otro lado la concentración de poder en la persona del “Super-delegado” será enorme y ya se sabe que el “poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”…
Como los “Super-delegados” reportarán directamente al Presidente de la República, el sistema federal del país queda prácticamente obsoleto. ¿Qué puede hacer un Gobernador electo directamente por el voto popular, frente a un funcionario federal (ya sea de su partido o no) designado por el Presidente y con muchísimo más presupuesto disponible?
Y a final de cuentas las decisiones más importantes quedarían centralizadas el Presidente, con lo cual acabamos totalmente con el federalismo y regresamos a la república centralista con todo el poder depositado en el Presidente.
Es urgente reducir los gastos del gobierno federal y acotar la corrupción en el manejo del presupuesto público, pero antes será necesario detallar cual es el papel que le corresponde a cada orden de gobierno (federal, estatal y municipal), para así poder repartir las tareas que le correspondan a cada uno de ellos.
Si verdaderamente queremos un país con un sistema federal, entonces debemos repartir el poder y el dinero público entre el nivel federal, estatal y municipal. Esto implica reformas profundas no solamente del sistema de recolección y manejo de los impuestos, sino de todos los programas federales para que sean operados por los estados y municipios, ya sea por medio de convenios de coordinación o por programas locales (propios de los estados y municipios). Además se requiere un sistema de control y auditoría, que le permita al gobierno federal vigilar la buena operación de programas y recursos.
Pero si lo que queremos los mexicanos es un régimen centralista, entonces lo propuesto por AMLO y sus colaboradores es lo ideal, porque el control de la recaudación y operación de los recursos públicos recaen en el Presidente de la República y en sus futuros virreyes o Super-delegados.
Autor: Rodrigo Diez de Sollano
Twitter: @DeSollano
