domingo, 26 de agosto de 2018

¿ES VIABLE FINANCIAR EL DESARROLLO RURAL?

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO RURAL ALTERNATIVO

Muchas personas consideran el campo y más específicamente el financiamiento de proyectos productivos en el campo mexicano como un “barril sin fondo”, “una pérdida de tiempo y de dinero”. Opinan que es preferible utilizar los recursos públicos como subsidios directos y no como créditos, porque según su criterio a final de cuentas los créditos se acumularán como cartera vencida, como sucedió con Banco Ejidal y Banco Rural. De alguna manera tratan a los campesinos como menores de edad que no hacen frente a sus responsabilidades derivadas de créditos, con el argumento que “que es dinero del gobierno”…

Pero no se trata de regalar dinero, sino de promover el desarrollo humano sostenible de los habitantes del campo, utilizando el crédito como uno de los medios para ello.

Para lograr un verdadero Desarrollo Rural de México se requiere urgentemente contar con un sistema de crédito adecuado para cada uno de los tipos de productores rurales. Considerando en forma tentativa tres niveles de campesinos en México: Productores de Subsistencia, Productores Comerciales y Productores de Exportación, en tal caso y tomando prestado el nombre del sistema de cooperativas creado en Jalisco en el año 2000, un “Sistema de Financiamiento Rural Alternativo” (SIFRA) a nivel nacional podría construirse de la siguiente forma:

En la cúspide de la pirámide estarían los productores de subsistencia, quienes se podrían agrupar en cooperativas de ahorro y crédito y en cooperativas de consumo. Estas cooperativas seguirían la metodología ya probada del cooperativismo en México y en muchos otros países. Los productores de pequeña escala obtendrían créditos de su respectiva cooperativa y también podrían vender sus productos y comprar insumos a través de la cooperativa. Las cooperativas también podrían captar ahorro de sus propios socios, para a su vez revertirlo en créditos para sus asociados. Esto requiere desde luego un proceso de capacitación y regulación para que funcione correctamente.

Las cooperativas podrían formar parte de uniones estatales de cooperativas, mismas que podrían recibir créditos de bancos privados o de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) instituciones que actuarían como “banca de segundo piso” para los productores de subsistencia, ya que la atención directa a los clientes (el “primer piso”) serían las cooperativas.  También podrían recibir apoyos del Fideicomiso de Riesgo de Riesgo Compartido (FIRCO) para reducir sus necesidades de capital de riesgo, especialmente en proyectos de valor agregado a los productos del campo o para el uso de fuentes de energía renovable.

Por su parte lo productores comerciales obtendrían créditos tanto de la banca comercial como de la FND, que en este caso actuarían como “banca de primer piso”. Para efectos de cubrir sus necesidades de capital de riesgo podrían acudir al Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR), tanto para producción primaria como en proyectos de valor agregado.

Finalmente, los productores de exportación también podrían obtener créditos de la banca comercial y de FND, así como capital de riesgo de FOCIR.

En ninguno de los casos se propone que Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) opere como banca de primer o de segundo pisos. Más bien se plantea la posibilidad de que se transforme en “banca de tercer piso” financiando proyectos del sector agroalimentario a través de FND y de la banca comercial y de FOCIR para no actuar como una competencia directa de estos intermediarios financieros, sino un apoyo para todas los componentes del sistema.

Una de las características fundamentales que deberá tener el SIFRA es que los créditos se otorguen con agilidad. Más vale un crédito a tiempo, que un crédito barato fuera de tiempo porque la naturaleza tiene plazos fijos para preparar la tierra, sembrar, fertilizar y cosechar, etc.

Por otra parte, por tratarse de un asunto fundamental para el sector agrícola se tendría que establecer una importante coordinación entre todas las instituciones involucradas en el tema de financiamiento rural, más allá de la regulación que ejerce por ley la Secretaría de Hacienda. Esta coordinación sería lógico que estuviera en manos de la SAGARPA y al mismo tiempo sería la oportunidad para adecuar sus Reglas de Operación en todo lo relacionado con el financiamiento del sector agroalimentario.

Y contestando la pregunta del título de este artículo: ¡Claro que es viable financiar el campo de México, solamente que hay que hacerlo bien desde el principio!

Autor: Rodrigo Diez de Sollano

Twitter: @DeSollano

viernes, 17 de agosto de 2018

REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO RURAL EN MÉXICO 2018-2024


¿Por qué un campesino mexicano que tiene un terreno de 5 hectáreas emigra a los Estados Unidos de América (EUA)? ¿Por qué una familia campesina que tiene un terreno de 10 hectáreas no alcanza a alimentarse adecuadamente? ¿Por qué parte de la familia, mujeres y hombres, emigran hacia las ciudades o a EUA a trabajar para enviar dinero al resto de la familia que se quedó en el rancho?

¿Por qué el hambre y la pobreza son más generalizadas en las zonas rurales? ¿Por qué en el campo se muestran con crudeza las desigualdades socioeconómicas del país?

¿Por qué muchos campesinos de zonas que pueden producir maíz, compran y consumen maíz de otras áreas del país? ¿Por qué después de décadas de apertura comercial no ha disminuido la pobreza en amplias zonas de México?

¿Por qué muchos menores de edad en las zonas rurales mueren de enfermedades que son curables?

¿Cómo aprovechar la fuerza inigualable de las mujeres que permanecen en el campo mexicano mientras los hombres emigran al norte?

Las respuestas a estas y muchas preguntas más del mismo tipo, nos muestran que se requiere urgentemente un esfuerzo nacional para diseñar y poner en práctica una política eficaz de desarrollo rural. Una política con estrategias no solamente referentes al sector agropecuario, sino también para el sector servicios, para el mejoramiento de la calidad de vida, incluyendo salud, educación, vivienda, comunicaciones, etc. Es decir: la política de desarrollo rural debe tener como característica clave que sea integral, que abarque todos los aspectos de la vida rural, no sólo lo productivo. Y aún en lo productivo, no sólo los aspectos técnicos agropecuarios sino también el financiamiento, el almacenaje post-cosecha, la comercialización, etc.

Por tratarse de una política multidisciplinaria se requiere de una coordinación muy amplia entre diversos sectores del gobierno federal y de los gobiernos locales con las organizaciones de productores y con la iniciativa privada. Ya en el pasado ha habido intentos de coordinación a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), sin gran éxito porque a final del día cada dependencia de gobierno pone en práctica sus programas sin tomar en cuenta lo que están haciendo otras áreas gubernamentales o privadas. Eso sí, el gobierno federal informa de la suma de miles de millones de pesos invertidos en el campo…

Para empezar se necesita hacer un diagnóstico conjunto a nivel territorial tomando en 
cuenta la regionalización ya reconocida por los propios habitantes del medio rural y no de creaciones artificiales o simplemente sectoriales. Este diagnóstico serviría a todos (gobierno, organizaciones de productores y sector privado) como punto de partida para planear su participación en el desarrollo rural integral de determinado territorio (no solamente de su sector).

El paso más difícil es el cumplimiento de las acciones e inversiones prometidas por cada parte. En sexenios anteriores la coordinación se le encargó a la SAGARPA pero finalmente cada dependencia tenía libertad de acción para aplicar su propio presupuesto, lo que generó en ciertos momentos acciones contrapuestas o fuera de tiempo, además de la falta de una visión conjunta.

Por otra parte existe el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) formado con representantes de las organizaciones de productores y de instituciones educativas y de investigación así como dependencias del gobierno federal que atienden al sector rural. Ha funcionado como un órgano consultivo y como un foro donde dirimir diferencias de criterios y para la presentación de quejas del sector, pero no como un organismo donde se tomen decisiones. Parece bastante complicado y difícil que se pudiera convertir en un órgano de planeación y de toma de decisiones acerca del desarrollo rural.

La pregunta es ¿qué dependencia o quien será capaz y tendrá la autoridad suficiente para poner orden en un asunto tan complejo? ¿Tendría que ser directamente el Presidente de la República? ¿O un “coordinador del gabinete” que organice el trabajo conjunto de las diferentes Secretarías y dependencias que intervienen en el desarrollo rural?

Es una decisión urgente para el Desarrollo Rural de México…

Autor: Rodrigo Diez de Sollano

Twitter: @DeSollano

Fuentes de Información
Dolores Pérez-Lazcarro-Portavoces de Paz A.C.
Luis Gómez O.-Angélica Tacuba S.-La Política de desarrollo rural en México-Journal of Economic Literature-2016

jueves, 9 de agosto de 2018

COMENTARIOS AL PLAN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO 2018-2024

“En todos los sectores, en todos los ámbitos, un buen gobierno comienza escuchando…” (Tweet del Dr. Víctor Villalobos nominado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el Presidente Electo de México, para ser Secretario de Agricultura).

Aprovechando la buena disposición del Dr. Villalobos, hago preguntas y comentarios sobre el texto disponible hasta hoy (en las redes sociales) del Plan de Gobierno 2018-2024 para el sector agroalimentario de México.

El texto publicado denota apoyos preferenciales para los más pobres y desprotegidos del campo mexicano y en general del sector más olvidado por el desarrollo del resto del país, esto de acuerdo con lo prometido en campaña por AMLO.

El Plan menciona acciones estratégicas y programas tales como:
“Organización productiva; Asistencia técnica; Programa nacional de cooperativas; Compras gubernamentales directas a productores; Comercialización de canasta básica para la población rural a través de DICONSA y LICONSA; Precio mínimo garantizado para maíz blanco, amarillo y nativos; etc.”

Y se plantean metas muy ambiciosas a lograr en el sexenio, pero no queda claro si resultaron de un proceso de análisis y planificación o son propuestas preliminares, por ejemplo:
“Reducir en 50% las importaciones de oleaginosas”.
“Adquirir (de los productores rurales) entre 2 y 3 millones de toneladas de maíz”.
“Ampliar el riego agrícola en 1.5 millones de hectáreas”.
“Compras gubernamentales que beneficiarán a 1 millón de productores”.
“Estrategia de autosuficiencia en fertilizantes químicos”.
“Incremento de 20% por año en rendimiento del maíz para pasar de 3.5 a 6 ton/ha”
“Dejar de importar alimentos básicos por 70 mil millones de pesos en 6 años”.
“Reducir a cero la importación de maíz en 5 años”.
“Siembra de 1 millón de hectáreas de maderables y frutales”.
“20,000 millones de pesos de inversión productiva de SAGARPA”.

Estas metas son todo un reto y de lo anterior surgen muchas preguntas y comentarios, por ejemplo respecto del precio del maíz:
¿Cómo funcionará el programa de “precio mínimo garantizado para diversos tipos de maíz? ¿Cómo se establecerá el precio de garantía? ¿Será igual en todo el Sur-Sureste de México? ¿Habrá “topes” en cuanto a las cantidades a apoyar por cada productor? ¿Dónde y quienes almacenarán 3 millones de toneladas de maíz?

Con relación a la “canasta básica” se habla de “producción, comercialización y distribución a través de DICONSA”. Es de suponerse que la parte de “producción” estará bajo la responsabilidad de SAGARPA en coordinación con DICONSA. Y aquí salta otro tema que se ha comentado en los medios y en las redes sociales y es la posible división de SAGARPA para quitarle la responsabilidad del Desarrollo Rural pasando este tema a alguna secretaría que se dedique al desarrollo social. Esto sin tomar en cuenta que en las áreas rurales y en particular entre los productores de autoconsumo, no se puede hacer una división tajante entre la producción (agrícola, pecuaria, piscícola, forestal, etc.) y la calidad de vida (incluyendo vivienda, alimentación, educación, salud, servicios, etc.) ya que las familias están involucradas en todo y las tareas del campo (productivas o no) están repartidas entre todos(as) los miembros de un núcleo familiar extendido. No existe un monocultivo de maíz, sino que la “milpa” y la huerta incluyen muchos productos agrícolas, pecuarios o forestales y pesqueros. Y aquí surge la pregunta: ¿Cuáles son los planes de la próxima administración federal en este tema?

Respecto a las “compras gubernamentales” ¿Quiénes califican para ser beneficiarios de este programa? ¿Quién comprará? ¿SAGARPA o DICONSA? ¿Qué comprarán? ¿Insumos? ¿Productos del campo? ¿Dónde y cómo almacenarán lo comprado? ¿Cómo comercializarán?

En lo referente a la “masificación del crédito” hay varias experiencias exitosas actualmente en operación, por ejemplo el Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (SIFRA) que inició en Jalisco desde el año 2000. Es una experiencia que vale la pena retomar por la participación directa de las(os) productoras(es) rurales en la dirección y operación de las cooperativas que lo forman. Lo que más requieren estas cooperativas es el apoyo técnico y financiero de FIRA y de Financiera Nacional (FND) con capital de operación y para atraer el ahorro de sus propios socios para capitalizarse a largo plazo.

En cuanto a la inversión productiva a través de SAGARPA: Esta Secretaría cuenta con un brazo operativo sumamente versátil que es el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) que tiene estructura administrativa ya descentralizada y personal experimentado en todos los estados del país, quienes conocen de tecnificación de riego, energías renovables, proyectos de valor agregado, redes de frío, evaluación de agronegocios, etc.

También el Plan 2018-2024 habla de “innovación tecnológica” y de la “adopción de innovaciones para incrementar la productividad…”. Lo anterior requiere de fuentes de conocimientos probados en la práctica. El Plan menciona un “programa nacional de investigación” y el sector agroalimentario cuenta con varias instituciones sectorizadas con SAGARPA como son el Colegio de Postgraduados (COLPOS), la Universidad de Chapingo, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), etc. y podría contar con uno o varios parques científicos y tecnológicos en alianza con CONACYT, tal como funciona el parque científico de Yucatán, en donde se generan los conocimientos ya puestos en práctica para aplicarlos en el campo mexicano.

Un par de comentarios más en relación al “Ordenamiento de mercados agrícolas” y al “Uso eficiente del agua”: Es muy importante cuidar que los apoyos de estas acciones estratégicas y sus respectivos programas no concentren los subsidios en un pequeño grupo de productores privilegiados, sino que hagan llegar sus beneficios a muchos posibles beneficiarios, para lo cual las Reglas de Operación (RO) deberán tener topes máximos a los apoyos y no por simplificar demasiado las RO dejen de establecerse los límites requeridos.

Finalmente, el sector agroalimentario necesita de una visión de largo plazo para poder planear inversiones que rinden frutos, en el mejor de los casos a mediano plazo, por lo que sería muy conveniente contar con Programas, RO y presupuestos que tengan un horizonte de 6 años. Esto requiere desde luego cambiar las leyes respectivas, pero es más fácil hacer esto que cambiar las leyes de la Naturaleza…

Autor: Rodrigo Diez de Sollano

Twitter:  @DeSollano

Fuentes de Información
Texto disponible en las redes del Plan Nacional del Sector Agroalimentario

jueves, 2 de agosto de 2018

CARTA AL PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO

Con el perdón del INE le escribo con este título porque para los candidatos que fueron sus opositores y para la mayoría de los mexicanos, (hayamos votado o no por Ud, para Presidente) Ud. es el ganador de las elecciones 2018.

En otra carta que les dirigí a todos los competidores en esta elección presidencial, el 29/mayo/2018 les mencioné entre otros puntos los siguientes:

Que esperaba que las elecciones transcurrieran pacíficamente, lo cual afortunadamente para México así sucedió y que las autoridades reconocieran el triunfo del ganador, cosa que no ha sucedido totalmente, pero esperamos para bien de México, que próximamente el INE le de la constancia de mayoría.

También le pedía al futuro ganador (ahora Ud.) que abriera un período de reconciliación para sanar “heridas de campaña”. Veo que Ud. y su equipo algo están realizando al respecto, pero me parece que hace falta más contundencia y más coordinación en las declaraciones entre Ud. y sus colaboradores.

Por otra parte les mencionaba en aquella carta la urgencia de hacer valer el Estado de Derecho y la necesidad de crear una Comisión de la Verdad (o varias) que sirvieran para precisar a quienes puede aplicarse la Amnistía que Ud. mencionó en su campaña. Es indispensable revisar este tema con profundidad, de tal manera que esas comisiones sirvan para que se haga justicia en este país, que le urge terminar con la impunidad. Obviamente será necesario preparar propuestas de ley para ser presentadas al Congreso de la Unión.

Sigo considerando (tal como lo planteé en mayo/2018) que es prioritaria la creación de empleos dignos que faciliten el arraigo de los jóvenes en sus lugares de origen y que reduzcan la atracción de ellos por el crimen organizado y en general por actividades delictivas. Simultáneamente se puede impulsar la creación de empresas que generen empleos dignos y que den valor agregado a los productos del campo. Algunos de sus colaboradores ya lo han mencionado, pero se requiere un esfuerzo conjunto de todo el aparato gubernamental junto con la iniciativa privada para lograr crear los miles de empleos que nos hacen falta para construir la Paz en nuestro país. No se requieren grandes empresas con miles de empleados, se necesitan miles de pequeñas empresas donde trabajen los propios emprendedores.

No he visto noticias de sus colaboradores en relación a impulsar la investigación científica y tecnológica. Tal vez a algunas personas les podría parecer un gasto superfluo ante otras necesidades más urgentes, pero la inversión en la ciencia y la tecnología le dará posibilidades a nuestro país de crear empresas y empleos y de resolver muchos de los problemas que actualmente tiene, pero sin depender de otros países.

Está claro que los pobres son su prioridad. Pero ¿este discurso cómo se traduce en acciones e inversiones para ellos? Es indispensable hacer una revisión profunda de los programas federales para evitar que programas que originalmente tuvieron una orientación social, sean aplicados a sectores socioeconómicos privilegiados, como sucede en ciertos casos.

Casi a diario nos escandalizamos de las barbaridades que hace el gobierno de Trump al separar a los hijos de sus padres migrantes indocumentados. ¿Qué planea a hacer su gobierno al respecto? Sobre todo ahora que las relaciones con el Presidente norteamericano han mejorado… Por otra parte ¿qué piensa hacer en su gobierno para que los migrantes reciban un trato digno mientras se encuentren en nuestro país? ¿Y qué hará respecto de los indígenas mexicanos migrantes dentro de México?

Sigo esperando que la Reforma Energética sea algo más que ceder las fuentes de energía al sector privado de otros países como ha sucedido hasta ahora. Deseo que la Reforma Energética en su gobierno implique el cambio del modelo de producción y consumo de energía hacia fuentes renovables y además la posibilidad de participación de muchos mexicanos en las inversiones en este sector. Sus futuros colaboradores en SENER, CFE, PEMEX y la CRE tienen una gran tarea a realizar. Espero que no se les “caiga el sistema” como ya le sucedió a alguno de ellos…

Estoy de acuerdo que la honestidad de los funcionarios públicos es fundamental para la buena marcha de la nación. En lo que no estoy de acuerdo es que para cuidarles las manos a los gobernadores de los estados, nombre Ud. a un delegado plenipotenciario cuyo poder de decisión quedará por encima de las personas que fueron electas directamente por los ciudadanos. Y como cereza en el pastel, algunas de esas personas son quienes perdieron en las recientes elecciones para gobernador… Eso ¿es respeto a la voluntad popular? ¡Sería preferible que un fiscal independiente del poder ejecutivo haga valer el Estado de Derecho!

Atentamente

Rodrigo Diez de Sollano

Twitter: @DeSollano