Si yo fuera propietario de un predio con uso forestal y quisiera obtener legítima ganancia de mi inversión en la compra de ese predio, evaluaría las alternativas que tiene de negocios, incluyendo la construcción de cabañas o tal vez un hotel ecológico, o la creación de un parque de aventuras aprovechando las barrancas y montañas en el terreno, además evaluaría la siembra de aguacates y las posibilidades de otros usos agrícolas o ganaderos, etc.
Podría agregar más alternativas y en el caso de no encontrar nada viable, puedo poner en venta el terreno y esperar a que llegue un cliente. Pero hay un problema: son pocos los interesados en comprar un predio con uso forestal del suelo, así que pasan los días, los meses y los años y continúa la espera de algún posible cliente… Entonces surge la idea de buscar el cambio de uso del suelo talando los árboles o una solución más radical, quemar el bosque sin tomar en cuenta que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 97 expresamente prohíbe durante 20 años el cambio de uso del suelo en predios incendiados.(1)
Hasta aquí parecería que el interés individual del propietario de un predio rústico no tiene nada que ver con el bienestar comunitario. Pero un terreno forestal presta varios servicios ambientales a nivel local, regional y global, por ejemplo:
Transforma el bióxido de carbono que hay en el aire para liberar oxígeno y capturar el carbono por medio de la fotosíntesis. Además las raíces retienen parte del agua de lluvia haciendo más lento el flujo en la superficie del suelo, evitando así el arrastre de tierra, hojas y ramas y favoreciendo la infiltración del agua al subsuelo, alimentando las corrientes subterráneas que después brotan en forma de manantiales o podría ser bombeada en pozos. También el bosque es el hábitat de muchas especies de plantas y animales. Estos son servicios ambientales para toda la comunidad humana.
Al quemar el bosque queda la tierra desnuda y el agua de la lluvia llega directamente al suelo causando erosión y arrastre de tierra, hojas y ramas hasta algún sitio donde se acumulan formando y una represa natural la cual resiste la presión del agua hasta el momento en que se rompe provocando una avalancha de tierra, piedras, ramas e incluso troncos, destrozando todo a su paso por un cauce que en largas temporadas es un arroyo seco y suele ser invadido por construcciones, dando por hecho que nunca pasará agua por ahí. Esta avalancha ocurre en un lapso de tiempo muy corto, pero es suficiente para destruir casas, arrastrar automóviles y matar personas y animales en su camino.
Algo similar sucedió recientemente en San Gabriel, Jalisco y ha pasado en muchos otros lugares. Otro ejemplo importante es el río Santa Catarina que atraviesa el Área Metropolitana de Monterrey donde el cauce del río permanece seco por varios años y de repente llega una avalancha originada por el huracán Gilberto en 1988, o el huracán Emiliy en 2005 y el huracán Alex en 2010, que arrasaron con personas y con todo lo que fue construido en su cauce, recuperando por un corto lapso el “camino natural del agua”. En este, como en otros casos parecidos en todo el país, está presente la intervención de los seres humanos en los cauces de los ríos eliminando la vegetación natural e invadiendo el cauce natural, creyendo que podemos corregir a la naturaleza.(2)
Por otra parte está el caso del bosque La Primavera, cercano a la ciudad de Guadalajara donde anualmente hay incendios forestales en áreas que podrían tener posibilidades de ser urbanizadas (con baja densidad dirían los propietarios y los desarrolladores inmobiliarios), pero al fin urbanizadas.
Aquí es donde se cruzan el interés individual y el bienestar comunitario. Surgen preguntas tales como ¿Tengo derecho a hacer lo que quiera en mi terreno? ¿Tiene derecho la comunidad de limitar el uso del suelo de un terreno privado? ¿Puedo argumentar que la destrucción causada por la avalancha es un “desastre natural”?
Aun en países con una economía y un gobierno neoliberal, hay limitaciones respecto del uso de la propiedad privada. Por ejemplo, tienen muy claro que no puedo hacer lo que quiera con mi automóvil particular. No puedo incendiarlo y tampoco puedo circular por las calles a toda velocidad. Dicho en pocas palabras, mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás.
No podría argumentar que el desastre (avalancha) originado por un incendio intencional en mi terreno forestal, es un “desastre natural” y obviamente tengo responsabilidad (aunque sea parcial) de lo que suceda como consecuencia del incendio originado por la mano humana.
Se requiere la participación de las autoridades porque es un asunto en donde difícilmente puede funcionar la autorregulación. “En una depredadora economía capitalista la intervención del Estado sería una necesidad absoluta, a fin de preservar la existencia humana e impedir la destrucción del entorno físico.” (3) Y agrego: ¡antes de que nos alcance el cambio climático!
A partir de casos similares a los mencionados más arriba, es necesario legislar para determinar, adicionalmente a la legislación federal y estatal, que es lo que deben hacer las autoridades municipales que son las más cercanas a los hechos de la vida diaria, para autorizar o no el cambio de uso del suelo partiendo de su conocimiento del territorio de su municipio. Pero es importante “no dejar solas” a las autoridades municipales o estatales en las autorizaciones de cambio de uso del suelo, es decir, esta sería una atribución compartida por los tres órdenes de gobierno y agregaría a la sociedad civil, de tal manera que no sucumban fácilmente a las presiones locales o nacionales.
En otros casos, tales como el bosque La Primavera que presta valiosos servicios ambientales a la Zona Metropolitana de Guadalajara con la que es colindante, para garantizar el logro del bienestar comunitario podría ser indispensable que esos terrenos forestales sean de propiedad pública, para lo cual es necesario estudiar las alternativas para el cambio de propietarios, por ejemplo: la compra de predios escalonada a lo largo de varios años por el gobierno del estado, y/o la creación de un fideicomiso administrador de los terrenos forestales en las 30,000 hectáreas del área protegida de La Primavera, etc. (ver artículos anteriores en este blog).
Es evidente que en estos y otros casos se enfrentan el bienestar comunitario (por ej. los servicios ambientales y conservación del medio ambiente) con el interés particular (por ej. la obtención de utilidades con la producción de aguacates o la construcción de un hotel ecológico), pero esperaríamos que la autoridad sacrifique este último en beneficio de la comunidad en su conjunto. Para lograr el consenso social que requieren estas acciones es necesario un proceso de educación cívica apoyada con una campaña publicitaria muy amplia, porque quienes resulten perjudicados en sus legítimos intereses se defenderán utilizando todos los recursos legales.
Los primeros convencidos de que el bienestar comunitario tiene preferencia ante el interés individual deben ser los funcionarios gubernamentales y los legisladores. Este conocimiento y convencimiento personal debe traducirse en acciones de gobierno, para ello la sociedad civil necesita ser participativa, de otra manera nos tendremos que conformar con una serie de acciones en beneficio particular (cambio de uso del suelo, invasión de cauces, etc.) que traerán como consecuencia la destrucción de las áreas forestales, el cambio climático y lo que siga…
Autor: Rodrigo Diez de Sollano
Twitter: @DeSollano
Fuentes de Información:
(1) Cámara de Diputados-www.diputados.gob.mx-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
(2) Zertuche-Contextual-La Tentación del Río Santa Catarina- https://contextual.mx/contenido/la-tentacin-del-rio-santa-catarina Monterrey 2018
(3) Chomsky, Noam-El Gobierno en el Futuro-Anagrama Barcelona 2010
