¿Es una alternativa real? ¿es factible? ¿Es una propuesta justa? ¿Qué rol tendrían los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de crímenes? ¿Se trata solamente de un discurso de campaña? o ¿Para quién fue el mensaje? ¿A quienes y cómo se aplicaría la amnistía? Estas y otras preguntas relacionadas con el tema, ameritan un análisis profundo.
Un hecho incontrovertible es que la llamada “guerra contra el narco” lanzada a principios del período presidencial de Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, ha sido un fracaso total: no ha disminuido el narcotráfico y en cambio la violencia se ha incrementado en forma exponencial. La captura o muerte de un capo importante trae como consecuencia la lucha de poder para sustituirlo, la atomización de los grupos delictivos y la multiplicación de los tipos de delitos a los cuales se dedican.
Insistir en la guerra contra el narco es volver a la misma estrategia que traerá los mismos resultados que ya estamos sufriendo. Pero, ¿la amnistía sería la solución a toda la problemática de violencia derivada del narcotráfico que sufrimos los mexicanos? ¿Qué consecuencias podría tener?
La palabra amnistía, según el diccionario, significa “perdón de penas decretado por el Estado, como medida excepcional para todos los presos y condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos”. De alguna forma la amnistía implica un pacto entre el Estado y los delincuentes, en el que el Estado se compromete al perdón a cambio de que el acusado se comprometa a dejar de hacer determinadas acciones delictivas.
¿Qué ha sucedido en otros países en los cuales se ha decretado amnistía? Por ejemplo en Colombia para los grupos involucrados en el largo conflicto en donde se mezclaron motivos políticos con el narcotráfico. En este ejemplo habría un caso de excepción que es la negociación con Pablo Escobar quien impuso sus condiciones personales al Estado colombiano.
La amnistía para los guerrilleros en Colombia, está siendo acompañada por las Escuelas del Perdón y la Reconciliación (ESPERE) que promueven la educación para la paz y el perdón de las víctimas a la par del reconocimiento del daño por quienes lo causaron, como parte del proceso de amnistía.
Está el caso de Sudáfrica en donde los tribunales de justicia alternativa buscaron la reconciliación entre los partidarios del “Apartheid” y las víctimas de la violencia racial.
También llama la atención el caso de Portugal, en donde desde 2001 se descriminalizó el uso de todas las drogas. Al principio pareció ser contraproducente, pero ahora después de más de 15 años los resultados son muy positivos con una disminución importante del número de adictos y también de los infectados de VIH por el uso de agujas contaminadas. Aquí la clave fue cambiar el enfoque del problema: ya no es un crimen sino un asunto de salud pública.
En todos los casos con cierto grado de éxito, hay acciones complementarias y simultáneas que refuerzan el uso de la justicia alternativa, por ejemplo educación para la paz a niños y adultos, oportunidades de trabajo para jóvenes, escuelas de tiempo completo que abren horizontes a los(as) jóvenes en el deporte, las artes, las habilidades manuales, etc. Además convirtieron la amnistía en una parte de un gran programa de acciones gubernamentales y sociales en el cual el centro del enfoque es atender a las personas en lugar de perseguir criminales.
Pero no hay que dar señales ambiguas: ofrecer amnistía sin establecer simultáneamente como requisito la participación en otros programas complementarios, sería sumamente peligroso para el país, al conceder privilegios sin condiciones previas a personas y grupos que confundirían la buena voluntad, con la debilidad del Estado.
México necesita encontrar alternativas entre estos dos extremos:
a) La guerra total contra el narco y la violencia que la acompaña.
b) La amnistía a personas y grupos que han dañado y continúan dañando gravemente a la sociedad mexicana.
Lo anterior requiere de apertura y creatividad de parte de los diputados y senadores y también del poder ejecutivo, para legislar y poner en práctica leyes que eviten ambos extremos y esto nos permita a los ciudadanos vivir en paz.
Autor: Rodrigo Diez de Sollano
Twitter: @DeSollano
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