Conforme a las leyes mexicanas, un gobernante democráticamente electo no tiene obligación legal de someter a consulta sus decisiones tomadas conforme a las facultades que le conceden las leyes. Pero si opta por la “democracia participativa” tiene obligación de cumplir lo que marcan las leyes en lo referente a plebiscitos, referendos, etc. conforme a lo indicado por los artículos 35, 36, 40, 73, etc. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de Consulta Popular.
Para el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM), la consulta realizada por indicaciones del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tenía que cumplir con lo indicado en la Constitución y en la ley reglamentaria porque quien hizo la consulta en ese momento aún no era autoridad, es decir, se trataría de una consulta privada con la validez estadística que le dio el diseño de la muestra y la metodología empleada.
Pero si AMLO (una vez que tome posesión de la Presidencia de la República) opta por seguir consultando la opinión pública sobre las decisiones de su gobierno, entonces tendrá obligación de cumplir con lo indicado por las leyes, que incluyen (entre otros puntos) quién puede promover la iniciativa para la consulta popular, la cantidad de ciudadanos participantes, quién organiza la consulta, si los resultados son vinculantes, etc.
Se le atribuye a Maquiavelo haber dicho que el poder no se comparte y aparentemente en este caso AMLO decidió compartirlo ofreciendo incluso que el resultado sería vinculante. Y digo “aparentemente” porque la metodología utilizada para seleccionar la muestra a consultar tiene un sesgo favorable a la ubicación en Santa Lucía, porque incluye principalmente segmentos de población en los que AMLO obtuvo mayoría en las elecciones pasadas, lo cual garantizaba que el resultado de la consulta fuera favorable a lo deseado por AMLO y sus seguidores.
Aclaro que NO soy favorable de la opción por Texcoco, ni tampoco por Santa Lucía, simplemente se trata de una acotación metodológica cuyo punto clave es la utilización de la consulta popular como estrategia política para legitimar con la participación del pueblo, las decisiones previamente tomadas desde la cúpula del poder político. Y además el hecho de haber realizado la consulta previamente a la toma de posesión, le permitió a AMLO no tener que cumplir con lo ordenado por las leyes, si ya fuera autoridad constituida. Lo cual, (hay que reconocerlo), fue un golpe maestro para decir ¡quién manda en este país!
No me gustaría que este juego de estrategias políticas se repitiera a lo largo de los próximos 6 años, pero si lo que busca AMLO es una verdadera “democracia participativa” entonces tendría que cumplir lo marcado por las leyes y correr el riesgo de incluir en las muestras estadísticas a consultar a núcleos de población que no comparten sus propuestas y aceptar los resultados de esa consulta. Lo cual sería muy interesante en el sentido de “formación de ciudadanía” y podría ser de gran apoyo para reducir la corrupción, que es uno de los puntos más importantes que ha mencionado AMLO como parte de su programa de gobierno.
Señor Presidente Electo:
Lo felicito por su decisión de consultar con el pueblo sus estrategias y proyectos más relevantes, pero al mismo tiempo me queda claro que a final de cuentas Ud. como gobernante electo es el responsable de sus decisiones y no se vale endosarle los costos políticos de su decisión al pueblo o a los técnicos que explican los posibles efectos de lo que deciden los políticos.
¿Es mucho pedir que transparente su estrategia para instaurar la “democracia participativa”? Y suponiendo que la “democracia participativa” será su estrategia de gobierno, ¿va a someter a consulta la Ley de Seguridad Interior?
Autor: Rodrigo Diez de Sollano
Twitter: @DeSollano
Fuentes de Información:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Maquiavelo, Nicolás-El Príncipe- Espasa Calpe
Escalante Gonzalbo, Fernando-El Principito o Al Político del Porvenir- Cal y Arena
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