Hace unos días tuve oportunidad de asistir a la toma de posesión de la nueva administración de un municipio del estado de Jalisco.
La queja generalizada entre los nuevos funcionarios fue la falta de claridad en la entrega-recepción de los bienes del municipio por parte de la anterior administración, que entregó en forma incompleta las cuentas municipales. Los equipos en pésimo estado o incluso vehículos sin llantas (recientemente compradas) o sin motores. Además de computadoras y mobiliario faltantes. Los sistemas de bombeo de agua potable descompuestos o sin piezas claves para su funcionamiento. Y para completar el cuadro, deudas con proveedores de equipos y servicios, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los pozos del agua potable están sin el servicio eléctrico y la cabecera municipal sin agua, con el consecuente descontento popular.
Este es un municipio mayoritariamente rural, pero esa problemática no se da únicamente en el campo. En la Ciudad de México varios de los nuevos Delegados hicieron público que recibieron las oficinas sin escritorios, sin computadoras, con obras públicas incompletas, sin dinero en las cuentas bancarias de la Delegación, con deudas recién contratadas (el día anterior) cuya finalidad no está clara... Y falta todavía lo que resulte de las auditorías que ya solicitaron las nuevas autoridades.
¿Hasta cuando los ciudadanos vamos a aguantar este comportamiento de las autoridades en turno?
Hasta que no aceptemos enriquecimientos "inexplicables" (o tal vez, demasiado "explicables") de funcionarios de cualquier nivel.
Hasta que nos decidamos a llamar a dar cuentas a todos los funcionarios públicos, empezando por pedirles hacer públicas sus declaraciones "3 de 3", tal como lo propuso el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia, antes de tomar posesión de su nuevo cargo:
1) Declaración patrimonial a la fecha de la toma de posesión del cargo
2) Declaración de impuestos de los últimos cinco años
3) Declaración de intereses
Las dos primeras declaraciones dan conocer los ingresos y egresos del funcionario, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En particular la última declaración permitiría a la ciudadanía darse cuenta de los posibles conflictos de interés que surgirían durante el mandato de determinado funcionario por su pertenencia a consejos de administración, la propiedad de acciones de determinadas empresas, sus compromisos bancarios e inmobiliarios, etc. y que podrían influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Esto debería convertirse en ley!!
La nueva administración municipal que mencioné al principio de este artículo presentará las denuncias ante las autoridades que correspondan, pero el daño ya está hecho. Ahora hay que perseguir y castigar a los culpables, pero más importante aun, lo que hay que hacer es PREVENIR.
Prevenir con la vigilancia permanente de la ciudadanía para asegurarnos de que TODOS los funcionarios públicos presenten anualmente sus declaraciones "3 de 3". Asegurarnos de que estas declaraciones sean revisadas por auditores IMPARCIALES. Y la ciudadanía organizada denunciar y exigir que de inmediato se tomen las medidas correctivas que fueran necesarias, incluida la revocación del mandato.
La corrupción (junto con la impunidad) es uno de los males sociales que más aquejan a todo México. La corrupción, ya sea de los funcionarios públicos, en la iniciativa privada, en las instituciones judiciales, etc., genera desigualdad social e inequidad y promueve más corrupción en un círculo vicioso al quedar impunes los delitos.
Otros países nos han puesto la muestra del camino que tenemos que seguir para hacer de México un país transparente. El camino no será fácil, pero hay que empezar YA!
AUTOR: Rodrigo Diez de Sollano
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